ConCiencia Política

De lógicas irresponsables.-

Xiuh G. Tenorio Antiga

Según el Análisis Económico del Derecho, aquéllos cuyos actos agravian a otros, provocándoles una situación que pudiera considerarse de menor bienestar, deben reparar el daño, esto independientemente si las acciones fueron con dolo o si al final el responsable de esta injusticia debió pasar un tiempo en prisión.

Se dice, en términos económicos, que existe externalidad en el consumo si la producción o el consumo de otros inciden directamente en el bienestar de un consumidor. Por ejemplo, aquellos que generan contaminantes y los desechan a un río, están provocando una externalidad negativa porque esta acción afectará el consumo de todas las personas que se benefician o que pudieran consumir el agua de ese río. En tales condiciones, un mercado no logra necesariamente una asignación eficiente y la intervención del Estado es recomendable para que los individuos puedan incluso intercambiar sus derechos a generar externalidades.

El problema se torna más complejo cuando estas lógicas de generar externalidades negativas toman como sujetos de responsabilidad a los Estados. En tal caso, ¿cómo compensar el daño ambiental por las 2,820 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) que producen lo Estados Unidos de América? ¿Cómo hacerlo con los 3,120 millones de toneladas que produce China, el país que más contamina el mundo según la ONU? Esta situación se vuelve gravosa por los efectos del CO₂ para el cambio climático, principalmente porque cada año éste genera inundaciones, deforestación, sequías y un alarmante aumento en el nivel del mar.

Desde hace años, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido un compromiso global para abatir el cambio climático. Tan es así que en 1997, la ciudad de Kioto fue sede de un acuerdo firmado por 37 países industrializados y la Unión Europea para recortar sus emisiones de dióxido de carbono en una media de 5% hacia el 2012, esto tomando como año base 1990.

Sin embargo el mayor problema ha sido la reticencia de los países que más contaminan a comprometerse con la reducción de daños ambientales. China, Estados Unidos e India, países de lógicas irresponsables, no han querido hacerse cargo, siquiera de una parte, de los 100 mil millones de dólares que el Banco Mundial estima pueda necesitarse para mitigar los daños y ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

Hace unos días Copenhague fue la sede de discusión entre líderes de todo el mundo para trazar una ruta crítica que suceda al Protocolo de Kyoto, cuya vigencia está concebida hasta el 2012. El escenario no pudo ser más sombrío, pues aunque Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos, tiene una mejor disposición a contribuir en la solución del problema, esta reunión ha servido para nutrirse de acusaciones mutuas y posicionamientos que deja entrever las lógicas irresponsables de ciertos gobiernos, principalmente China, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Bolivia y Cuba.

Los acuerdos alcanzados en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, tras 12 días de discusión, no alcanzan para mantener cierto optimismo, sobre todo por la falta de claridad:

- Se conservan los 2 grados centígrados de aumento máximo de la temperatura media de aquí al 2050. ¿Con qué medidas? No se especificó.

- A la brevedad, antes de febrero de 2010, los países industrializados convocados deben especificar sus objetivos de reducción de contaminantes para 2020. ¿Cuál es el piso mínimo? No se dijo.

- Los países ricos destinarán 30 mil millones de dólares entre 2010 y 2012 a la mitigación y adaptación del cambio climático en naciones en vías de desarrollo. A partir de 2020, la aportación subirá a 100 mil millones. ¿Cómo se lograrán estas contribuciones? No se sabe.

El próximo año la Ciudad de México será sede de la 16ª Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. El gran reto será superar los desacuerdos entre los principales emisores de contaminantes y concitar rutas críticas más detalladas sobre cómo conseguir los resultados esperados.

Como sede, hasta cierto punto será inevitable mostrar los fracasos de las políticas ambientales aplicadas en el país, por una deforestación que no termina y una vulnerabilidad de las especies nativas que no ha sido superada.

Al tiempo, faltará ver si no esconden la basura debajo de la alfombra, en una muestra cínica de lógicas irresponsables.

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

Si nos pidieran que fuésemos al extranjero para dar una plática sobre el caso de Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como “Juanito”, difícilmente sabríamos por dónde empezar. Al hacerlo, resultaría ineludible mostrar la más diáfana de nuestras miserias por la institucionalidad y cultura democráticas que tenemos.

¿Cómo explicar que en la Delegación Iztapalapa sus electores votaron mayoritariamente por “Juanito” pero en realidad querían hacerlo por otra persona? ¿Qué ejercicio hermenéutico utilizar para no depravar toda la tradición filosófica sobre la soberanía popular y el mandato? ¿Quién será el responsable políticamente de la gestión que haga quien quede al frente de la Delegación, luego de la renuncia de Rafael Acosta?

Un modelo de explicación podría seguir las siguientes líneas argumentativas:

1.- Antes del proceso electoral entre candidatos, los partidos políticos en nuestro país y en el Distrito Federal pueden diseñar e instrumentar sus procesos de selección interna.

2.- En el Distrito Federal, la Delegación Iztapalapa es la más poblada. Tan es así que sus electores sobrepasan los 1.6 millones.

3.- Desde que pueden elegirse libre y directamente los Jefes Delegacionales (2000), dicha demarcación la gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

4.- En general, los procesos de selección interna del PRD suelen estar plagados de irregularidades.

5.- En Iztapalapa las dos precandidatas más fuertes eran Clara Brugada y Silvia Oliva.

6.- Después de la elección interna, el PRD declaró triunfadora a Clara Brugada.

7.- Unos días antes de la elección del 5 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Silvia Oliva debía ser la candidata, según la institución por las irregularidades y el resultado de un nuevo conteo.

8.- Un líder fuerte del PRD (Andrés Manuel López Obrador), que también tiene vínculos con el Partido del Trabajo (PT), decide que es viable una estrategia para que los votos del candidato del PT, Rafael Acosta, se tomen para Clara Brugada. Al final, “Juanito” se compromete a presentar licencia.

9.- En una democracia, el pueblo elige al representante que mandata como su voz para defender sus intereses. En estricto sentido, este representante es “Juanito”, pues en todo caso, Clara Brugada se trata de una ficción política.

10.- Esta ficción política inicialmente no se la creyó “Juanito”, pues aunque pide licencia temporal ante la Asamblea Legislativa, regresa a ocupar el cargo. Días después solicita licencia definitiva.

11.- Ante la ausencia de “Juanito”, la Asamblea Legislativa nombra a Clara Brugada como Jefa Delegacional interina. En tal virtud se convierte en la gran electora porque decide a partir de la propuesta del Jefe de Gobierno.

12-. Si Clara Brugada hace una mala gestión, los electores ya no son responsables pues no hubo una nueva elección popular. Puede generar controversia, pero el mandato ha sido resuelto por una instancia legislativa colegiada que tuvo que decidir para no generar un vacío de poder.

13.- Toda esta experiencia nos demuestra los costos de pervertir la democracia. Quien construyó esta ficción política, al final ni siquiera quiso hacerse cargo de su impericia.

La Secretaría de Educación del DF

Xiuh Guillermo Tenorio

Dentro de los cambios que realizó Marcelo Ebrard en su gabinete en días pasados pasó desapercibido el de la Secretaría de Educación, pero no por ello, hay que ignorarlo. Axel Didriksson Takayanagui dejó de ser el titular de dicha área y en su lugar fue designado Mario Carrillo Huerta.

El tema educativo en el Distrito Federal por muchas razones es cosa seria. Actualmente, de acuerdo con la SEP federal tenemos una matrícula de 322,558 niños en preescolar, 947,979 en primaria, 482,646 en secundaria, 423,931 en media y 416,149 en superior. Más de dos millones y medio de niños y jóvenes en edad escolar es suficiente razón entender la relevancia del tema para la ciudad.

Sin embargo, el marco jurídico de la materia es complejo. Existen facultades concurrentes entre las autoridades federales y las capitalinas. Hay que recordar que hace casi 20 años se acordó descentralizar a las entidades federativas los servicios educativos, salvo en el Distrito Federal. De manera que la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), continuaron siendo una responsabilidad de la Federación.

A pesar de no contar con facultades para intervenir en la educación básica, las autoridades capitalinas fueron desarrollando una serie de programas “sociales” (becas, útiles y uniformes, por citar algunos ejemplos) para tratar de influir en el nivel básico, además de asumir plenamente sus facultades en materia de educación media superior y superior, prueba de ello son las preparatorias que impulsó López Obrador o la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Consecuente de esta realidad, Marcelo Ebrard envió a la ALDF el 14 de diciembre de 2006 una iniciativa para crear cuatro nuevas secretarías, entre ellas la de Educación. Como Vicepresidente de la Comisión de Educación e integrante de la comisión dictaminadora de dicha iniciativa, apoyé decididamente la propuesta, que no contaba con el consenso por las complejidades ya abordadas. Sabía que, a pesar de que podría presentarse algún conflicto con las autoridades federales, era necesario tutelar los programas educativos del GDF con una visión formativa y no de “desarrollo social” o clientelista, más aún cuándo se había designado en esos días como titular de la SEDESO a Martí Batres, de quien guardaré un prudente silencio.

Confiaba en ese momento, en que de llegar un experto en temas educativos, podríamos mejorar lo que ya se tenía y por qué no, abrir un debate que, personalmente considero necesario, sobre la descentralización de los servicios educativos al Distrito Federal. Sin conocer más que su trayectoria confié en que Didriksson podría convertirse en esa pieza fundamental para construir acuerdos. Nada más lejos de ello.

Debo decir que con el mismo empeño que apoyé la creación de la Secretaría de Educación en el DF, luché porque se le diera mayor presupuesto en los tres paquetes económicos que aprobó la IV Legislatura y no sólo eso, el 15 de agosto del 2007, presenté una iniciativa para quitarle todas las facultades a la SEDESO en materia educativa y fortalecer aún más a la de Educación. Iniciativa aprobada por el pleno el 13 de diciembre del mismo año.

Sin embargo, Didriksson nunca entendió el papel de un Secretario de Educación. Lejos de buscar el diálogo, el acuerdo, se casó con conflicto. Buscó la ventana fácil de los medios de comunicación, de las descalificaciones. El legado de su gestión es un libro de educación sexual y tres años que nos robó.

La novedad es que Marcelo Ebrard ha dado un golpe de timón. Ha puesto en la Secretaría a un hombre probado. Sus resultados hablan por él. El programa Prepa Sí, al que cuestioné duramente al momento de su presentación ha impactado favorablemente en el sistema educativo y éste es un logro que sólo puede atribuírsele a Carillo. Ebrard nos dejó sin argumentos a quienes no veíamos con buenos ojos este programa, cuando en su último informe de Gobierno señaló que “la tasa promedio de deserción [En el Medio Superior] disminuyó dramáticamente de 18.5 a 6.5 por ciento, y en el caso del bachillerato de la UNAM, la deserción se redujo casi a cero”. Seguiré cuestionando los apoyos universales, fiel a mi formación itamita, pero he de reconocer que el impacto de este Programa es incuestionable.

Carillo tiene tres cosas a su favor: 1) conoce la materia y tiene claro el tamaño del reto, 2) tiene tres años para corregir el camino y 3) es pública su vocación de acuerdo. Su llegada a la titularidad de la Secretaría es, sin duda alguna, una buena noticia.

Bonus Track

Hablando de temas educativos en el Distrito Federal no puedo evitar mencionar a Salvador Martínez della Roca, el famoso “Pino”, Presidente de la Comisión de Educación en la ALDF. Sirvan estas líneas para reconocer su trabajo en estos tres años, donde predicó con el ejemplo, dejando su militancia partidista fuera del Recinto, para luego invitarnos a hacer lo propio, antes de sentarnos en la mesa. A lo largo de esta IV Legislatura abordé muchos temas complejos con él, incluso debatimos fuerte (particularmente, por el tema de los espacios 100% libres de humo), pero hoy sólo quiero reconocer su apertura a escucharme a mí y a los demás integrantes de la Comisión, así como resaltar sus logros, porque lo mucho que avanzamos en materia educativa en estos tres años sólo puede adjudicársele a él. 

Xiuh Guillermo Tenorio

La política, decía Don Jesús Reyes Heroles, es el arte de decidir entre inconvenientes. Hace unos años, el hoy Senador Arturo Núñez, parafraseándolo afirmaba, que en política se decide entre lo malo y lo peor. Por ello, los políticos valoramos escenarios de bajo riesgo. Generalmente uno no fija las condiciones, más bien es al revés, las circunstancias obligan a uno a tomar posiciones. De ahí que lo más indicado en casi todos los casos es no correr riesgos.

Sin embargo, los políticos hacemos cálculos todo el tiempo. Sabemos que las circunstancias que existen hoy, mañana pueden ser distintas y no necesariamente favorables. Es por eso que en ocasiones uno se aventura, decide correr riesgos. A pesar de no tener todos los hilos en la mano, uno puede valorar las probabilidades que se tienen de salir airoso en una situación particular.

Esto viene al caso porque en las últimas semanas el Presidente de los Estados Unidos parece haber tomado una decisión que pone en riesgo todo su capital político, un suicidio para muchos. Barak Obama apostó por hacer lo que ningún presidente demócrata ha logrado y que incluso, significó la mayor derrota para el ex Presidente Bill Clinton: reformar el sistema de salud de EU, que hoy tiene desprotegido a casi 50 millones de norteamericanos.

¿El Presidente Obama estaba obligado a iniciar esta reforma?, ¿No arriesgó de más con esta decisión?, ¿no le dio el motivo perfecto a los republicanos para reagruparse cuándo más débiles se encontraban?, ¿la propuesta es viable económicamente en un entorno de crisis como el que enfrentamos?, éstas son sólo algunas preguntas que hoy se hacen los estadounidenses y que llenan los principales espacios informativos y de reflexión en aquel país.

Con su reforma Obama busca otorgar cobertura universal en salud, garantizando así los servicios de atención médica a la población más pobre de aquel país. Sin embargo, no son pocos los obstáculos que está enfrentando. El primero es económico; la creación del fondo de cobertura tendrá un costo estimado de al menos 10 billones de dólares anuales durante los próximos 5 años, según diversos analistas.

Estos números provocaron reacciones, incluso, entre los legisladores demócratas; el grupo de los “Blue Dogs” (poco más de 60 diputados de estados sureños) asegura que el impacto económico es tal, que de aprobarse la reforma estarían garantizando un escenario adverso en las elecciones intermedias de 2010 y están cuestionando la pertinencia de que el Estado proteja a individuos que pueden acceder a un seguro privado.

A pesar de la oposición dentro y fuera del Partido Demócrata, Obama ha puesto toda la carne en el asador. En días pasados lanzó una importante ofensiva mediática para pedirle a los ciudadanos que presionen a sus legisladores para apoyar la reforma.

Obama sabe lo que está en juego y aún así decidió arriesgarse. No hay duda de que las circunstancias que enfrentó Clinton son muy distantes a las actuales, pero aún así es una apuesta temeraria. Obama tiene mucho que pactar, mucho que construir, particularmente con un indisciplinado Partido Demócrata. Lo que está claro es que ésta puede ser la única oportunidad de lograr la anhelada reforma al sistema de salud.

En los próximos días Obama puede seguir haciendo historia. No importa si el Congreso modifica su iniciativa, siempre y cuando logré avances significativos. De alcanzarlo podría ser recordado como algo más que el primer afroamericano en ser Presidente de los Estados Unidos, logro que, en sí mismo, nadie puede escatimarle.

Bonus Track

No son pocos los aventurados que apuestan a que el Presidente Calderón hará cambios en su gabinete en las próximas semanas. No faltará quien responsabilice a los funcionarios salientes de los resultados adversos que obtuvo el PAN en la pasada jornada electoral. La realidad es que, como generalmente ocurre, no podremos conocer los verdaderos motivos que propiciaron estos eventuales cambios. La pregunta es, ¿los ciudadanos tienen derecho a saber cuál fue el desempeño de un Secretario de Estado?

.

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

La Cámara de Diputados aprobó con unanimidad de los presentes (295) una reforma que remitió al Senado, y que permite que las acciones colectivas o defensas de los derechos difusos sólo puedan iniciarlas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Al final, será el gobierno quien pueda litigar a nombre de todos o de una colectividad; y no los integrantes de la comunidad o sus representantes. Suena absurdo porque no tendrían por qué someterse a los tribunales para realizar acciones de autoridad y utilizar facultades que ya tenían.

Parece que de esta manera se logra un objetivo doble: contar a México entre las naciones que tienen un derecho de avanzada, las Class Action, al tiempo que en la realidad no ocurren, por lo que no se vuelven un auténtico catalizador del cambio de actitudes de gobierno y gobernados. Una simulación, pues. Otra más. Las tres instituciones señaladas han mostrado su incapacidad real de defender al público en general, a pesar de que existan algunos ejemplos aislados de su buen desempeño. Y los diputados federales han mostrado que les preocupan más los intereses particulares que el bienestar colectivo. Y pareciera que fueron temas importantes que se escondieron entre el revuelo por la epidemia.

Pero no todos ignoraron lo importante ante lo urgente. Tanto Denisse Maeker en “México Enfermo”, publicado el 4 de mayo como Sergio Aguayo en su artículo “Desvergonzados”, publicado el 29 de abril, ambos en el periódico Reforma, retoman el tema de acciones colectivas y derechos difusos, y particularmente en el caso de Aguayo, reconocen que la iniciativa que impulsamos en la ALDF es el camino correcto. Agradezco los comentarios, y reitero que seguiremos trabajando la propuesta hasta permitir que, como en otros temas, el Distrito Federal sea pionero en el país y siente un precedente que pueda utilizarse como referente nacional.

Imaginemos el escenario de que en realidad se identifique que Granjas Carroll, en Veracruz, fue el primer punto entre la Influenza Nueva y los humanos. Independientemente de que la enfermedad haya surgido de ahí, se ha documentado que sus prácticas comerciales y ambientales son lesivas para las poblaciones aledañas. De contar con la reforma a favor de las acciones colectivas, serán los propios vecinos los que podrían iniciar acciones para defenderse sin esperar a Profepa.

O supongamos que los antivirales que se utilizan o las vacunas que puedan desarrollarse, no cumplan lo prometido y no contribuyen a paliar la enfermedad. Los usuarios estafados hubieran podido defenderse por esta vía; pero por ahora serán escenarios de ficción, porque la reforma aprobada queda limitada y acota la posibilidad real de ayudar en el tema.

La “primeridad” o enfoque de los medios no es el problema, porque tiene una causa en la escasez de espacio sea temporal o físico; pero la falta de interés de buscar el beneficio colectivo por encima del interés individual dentro del marco de la ley, eso es un problema no sólo de teoría política sino de la vida práctica en comunidad.

Confío en que la población sabrá distinguir a aquellos políticos y partidos que no la apoyan y prefieren servir a ciertos intereses muy claros y poderosos y a quienes procuramos el interés colectivo, como lo hicimos a lo largo de tres años en la Asamblea Legislativa, en temas como espacios 100% libres de humo, prohibición bolsas de plástico y en otros temas importantes, como son las acciones colectivas. Pero eso le toca valorarlo a Usted y a los demás.

Bonus Track

Sí, la ley debe prevalecer sobre todos. Sí, primero debiera normar la conducta de la autoridad. Pero me sigue sorprendiendo que existan personas que se opongan a las medidas sanitarias, como se tratan de saltar tantas y tantas medidas que aprueban.

     Parece lo mismo, pero no es igual. Aunque muchas autoridades lo usen indistintamente. He sostenido en múltiples ocasiones que las Políticas Públicas no son lo mismo que las políticas gubernamentales. En concreto, una Política Pública es aquella política gubernamental en la que la sociedad, sea a través de organizaciones no gubernamentales, colegios de profesionales, asociaciones civiles u otras formas de organización, participa en el diseño, implementación o evaluación de una política de gobierno. Así, cuando la sociedad se involucra da una visión diferente y se logra realizar una política auténticamente democrática. En ocasiones este proceso deliberativo alarga los tiempos de ejecución de una política, pero ciertamente suele mejorarla de manera sensible. Vale el esfuerzo adicional, pues, de no hacer políticas gubernamentales sino políticas públicas y he procurado impulsar al gobierno a adoptar más esa visión.

            En fechas recientes, es posible ver en vías de circulación confinada que están en obras –Circuito Interior, Viaducto, Periférico y algunos ejes viales- letreros similares a los que se utilizan para señalar obras, pero que claman a gritos con letras blancas sobre un fondo naranja: “¡Salvemos nuestro aeropuerto!” y consignan un número telefónico y un logo. Y surgen las dudas ¿De quién debemos salvarlo? ¿Quién nos ayudará a tal tarea? ¿Quién es el enemigo a vencer?

            Los autores de tan horrible iniciativa de comunicación, horrible porque confunde, horrible porque no comunica y horrible por el fondo de la misma, son los miembros del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal. La intención, según reportan, es que las personas se atrevan a denunciar la inseguridad al interior del aeropuerto. Como se sabe el puerto aéreo es zona federal, pero el Gobierno del Distrito Federal ha establecido un segundo perímetro de seguridad a fin de evitar asaltos a los viajeros, con resultados aún inciertos.

            Lo cierto es que esta campaña no aporta nada al programa de seguridad, distrae a los conductores y ni siquiera es legible. Para quienes no conocen el logo, no queda claro quién hace la campaña. Y lo grave es que estos son los ciudadanos que deberían aportar una visión diferente, profesional y propositiva de políticas públicas a las políticas de seguridad… y acaban actuando como porristas, fallidos, de una estrategia fallida. La seguridad no se logrará con campañas informativas, y menos cuando están tan mal realizadas. Se logra con otro tipo de medidas, entre otras, mostrando que la denuncia si funciona… Y el Consejo Ciudadano ha tenido buenas ideas, y logros importantes, pero en esta ocasión deberemos pedir que salvemos al aeropuerto… de sus “salvadores”. 

Confío en que tienen la inteligencia y capacidad de hacer algo mejor. O, por lo menos, de retirar una campaña que ha sido muy llamativa, pero poco efectiva. ¿Sale?

Bonus Track: Cuando el líder de un partido tiene que desgañitarse veinte minutos tratando de acallar a 300 miembros de la disidencia interna de su propio partido en la toma de protesta de sus candidatos ante casi cinco mil personas, hay tres opciones: 1.- No es un demócrata, pues trata de acallar a sus opositores. 2.- No es un líder, porque no es capaz de inspirar respeto u orden entre su base. 3.- De que la perra es brava… ni muerta se le acabará la rabia o los perritos. Pero “¡Es un honor…!”

Refinería nueva. Técnicamente, la empresa paraestatal más grande del país podía tener la decisión correcta hace casi un mes. Sin embargo, el Presidente decidió darles la oportunidad a los gobernadores  interesados para que expusieran sus argumentos. En pocas palabras, abrió un debate. Muchos analistas dijeron que era “una perversa maniobra para justificar que no se tomaría la decisión técnicamente más correcta, sino la políticamente más conveniente a su partido”. Al final, se decide lo que hubiera sido la primera opción, la priísta Tula. Y nos enteramos por una infidencia, molesta, de uno de los gobernadores “no ganadores” del proyecto, y no por el titular de PEMEX, quien tuvo que salir a confirmar la causa de la molestia del tabasqueño. Un mes más tarde, pero con un debate de por medio, se hace pública la misma decisión original, porque los datos técnicos no cambian en 30 días. La diferencia es que puede condicionarse la decisión a que Hidalgo tenga los terrenos listos, no haya conflicto social y a que todo marche bien. No es igual que si se hubiera impuesto desde el centro. Pero se criticó al Presidente por llamar a un debate. “No tiene pantalones para decidir”, le dijeron.

¿Barcos con permiso?¡No! En entrevista radiofónica al Secretario de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, el capitán Peyrot (hijo de un ex Secretario de Marina) hablaba sobre su propuesta de cambios para que la Constitución no obligue al Presidente a pedir permiso para sacar buques de aguas territoriales si van a ejercicios de entrenamiento o misiones humanitarias y reserve el permiso senatorial únicamente para acciones bélicas. Al aire, puso ejemplos; citó la primera Constitución, la de 1824; habló del buque escuela Cuauhtémoc, que nunca pide permiso para salir; recorre la historia. Domina el tema. Ante las sospechas de que es una “entrega de soberanía”, Carmen Aristegui contacta al Presidente de la misma Comisión, Elías Cárdenas y los pone al aire juntos. Peyrot insiste que su propuesta es sólo agregar “acciones bélicas”, y que los demás permisos del artículo 76-III queden intactos, incluido el de “estación de escuadras de otra potencia” en puertos mexicanos. Ante las amables pero duras descalificaciones que lo llaman entreguista y vendepatrias por proponer eso, el Secretario de la Comisión lee textualmente el artículo vigente. “Eso no dice mi Constitución, quién sabe cuál está leyendo”, le reviró el Presidente. Y cuando se le confirma su error, remata: “Pues yo no sabía que decía eso, pero me parece intolerable y no estoy de acuerdo con el entreguismo de la derecha, no pasará… seguro lo metió el PAN a escondidas”. Y Peyrot le aclara que esa redacción data de… 1824, y se hizo para apoyar las guerras de independencia de Sudamérica. Lo malo es que la ignorancia y cerrazón del Diputado Elías Cárdenas quedaron en evidencia frente a la audiencia de Aristegui.  Si el Presidente de la Comisión de Marina ignoraba esto, ¿De qué si sabrá?

¿Qué tienen en común ambas historias? Que en ambas el debate político es “sospechoso” y hasta practicarlo no se hace con hechos, sino con dichos, refranes, analogías y sospechas. Sin datos, sin argumentos. Así, no hay democracia que avance. O valoramos los debates y debatimos bien, o nos batimos en retirada ante el mundo.

BONUS TRACK Existe un diputado en la Asamblea Legislativa que pide que nos pongamos a trabajar, que emite exhortos, que pide información de lo atrasado, que saquemos los pendientes antes de irnos… Desafortunadamente, ese mismo personaje lleva tres sesiones desde que hizo su exhorto llegando al menos dos horas tarde al pleno. Y en la comisión que preside hay temas muy importantes que se quedaran sin dictamen.  ¿Le hacemos caso a su discurso, o a sus hechos?

En todos los temas que he impulsado como legislador, por una u otra razón, siempre acabo recibiendo críticas o cuestionamientos por parte de la iniciativa privada. Para quienes no me conocen, puedo afirmarles que soy un firme creyente en el mercado (aún en estos tiempos) y en la libre empresa (finalmente, fui adoctrinado en el ITAM), por lo que las profundas diferencias que sostengo con parte del empresario no se deben a cuestiones ideológicas. Lo cierto es que en temas como el combate a la obesidad, la consolidación de los espacios 100% libres de humo de tabaco y más recientemente, con la prohibición para regalar bolsas de plástico en los establecimientos mercantiles, nuestras diferencias se hicieron públicas.

Darle viabilidad a nuestra ciudad y a nuestro país en el largo plazo es lo que me ha llevado a emprender estas acciones. Por supuesto que si todo estuviera bien, sería ocioso legislar en estos temas; pero cuando el presupuesto público se nos está yendo en atender padecimientos como la diabetes (¡que se puede prevenir!), cuando gastamos más en tratar enfermedades asociadas al tabaco que lo que invertimos en la UNAM o cuando por comodidad generamos toneladas y toneladas de plásticos no biodegradables, creo que no estamos hablando de necedades.

Mi queja con una buena parte del sector empresarial es que su visión se limita a sus utilidades; si les va bien, entonces los diputados somos lo mejor que tiene el país; si presumen pérdidas, de ignorantes no nos bajan. Son contados los casos en los que realmente les preocupa hacer algo por el país, por lo general, son sus intereses lo que les preocupa y lo que los ocupa. Por ello, hoy, después de ver la respuesta de algunos líderes empresariales frente a la decisión de la Asamblea de prohibir que se regalen las bolsas de plástico dudo de los alcances de la “responsabilidad social” de las empresas.

BONUS TRACK. Leyendo la biografía del Doctor Aureliano Urrutia 1 (Secretario de Gobernación de Victoriano Huerta), me di cuenta que esta lógica que mueve a algunos empresarios no es nueva. Por instrucciones del Presidente Huerta, el Secretario Urrutia impulsó el domingo como día de descanso obligatorio. Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el sector empresarial del país se molestó. Cuatro mil empresarios se reunieron para protestar en el Centro Asturiano de la Ciudad de México. Aseguraban que iban a quebrar, que se iban perder empleos, cuestionaron si el Ejecutivo tenía facultades para tomar tal medida y adicionalmente, como respuesta, subieron los precios de bienes y servicios. Para rematar, luego de que el 27 de julio de 1913 se publicara el Reglamento de dicha disposición, interpusieron una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los argumentos que los empresarios expusieron en contra del descanso dominical, así como su estrategia de defensa jurídica, es justamente lo que les hemos visto y escuchado a la iniciativa privada en pleno siglo XXI. Algo no está bien…

1.- Aureliano Urrutia, Del Crimen Político al Exilio; Cristina Urrutia Martínez, Editorial Tusquets, 2008.