ConCiencia Política

LA PGR Y SU CONCEPCIÓN DE FAMILIA.-

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga.

El 31 de diciembre de 1974 fue publicada la primera reforma al artículo 4º de nuestra Carta Magna. Bajo el contexto de un crecimiento demográfico nunca visto en el país, los contenidos liberales de la reforma merecen citarse:

“ARTÍCULO 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

Imagínense la reacción de ciertas iglesias ante la negativa implícita a la idea de “tener los hijos que Dios quiera”. La argumentación del decreto en pro de la equidad y la libertad de decidir sí debió molestar al clero y las “buenas conciencias”. Como consecuencia, valórese si fue gravosa o no la reforma para que en México seamos 107 y no 160, cifras en millones de personas.

Pues resulta que la Procuraduría General de la República descubrió una nueva forma de leer el artículo de referencia, todo para impugnar la constitucionalidad de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF que permiten la unión civil de dos personas sin destacar que corresponde a un varón y una mujer.

Me he enterado, porque en su comunicado cita explícitamente el decreto de 1974, que para la PGR las reformas al Código Civil en el DF se apartan del “fin constitucional de protección de la familia”. Y aunque fueron incluidos otros argumentos en la acción de inconstitucionalidad, deseo concentrarme en éste.

Mi hipótesis es que la interpretación de la PGR sobre la familia es más doctrinal religiosa que jurídica. Expongo mis razones y argumentos:

1.- La Constitución refiere el término “familia” sin fijar limitaciones a su composición, es decir, en ningún lugar establece que deba ser integrada por un papá, una mamá y los hijos, tal como sí lo prejuzgan diversas religiones e iglesias incluso para obligar la maternidad.

2.- La reforma al Código Civil prevé una forma genérica de establecer un lazo civil, esto es, reconocido por el Estado. En tal sentido deriva en distintos tipos de familia, una extensión de derechos que no afectan a los demás.

3.- Cuando la PGR defiende un modelo de familia discrimina al resto, esto porque la impugnación presentada trata de anular derechos y libertades. En todo caso se encumbra como una PGR “censora”, que califica cuáles tienen derecho a unir sus vidas y ser reconocidos por el Estado.

4.-Si la PGR controvierte, por lo demás en pleno ejercicio de sus competencias, decisiones de un órgano de representación política como la Asamblea Legislativa debe precisar cuál es la ética de responsabilidad, pública o privada, que lo anima.

Tal vez sin quererlo, como fue cuando la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que permitieron la interrupción legal del embarazo, el debate público generado por la decisión de la PGR mejorará nuestra comprensión sobre el alcance del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sobre la adopción, cuando la PGR reconoce que dos personas podían tramitarlo con la sociedad de convivencia, me caben menos dudas que se trata de un falso debate.

¿Oportunidades o castigos para los jóvenes?

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga.

En días pasados, El Universal publicó en primera plana que en nuestro país 700 mil niños y jóvenes abandonaron la primaria y la secundaria en 2009. Esta cifra, que representa que 1 de cada 35 jóvenes dejó la escuela en un solo año, coloca a nuestro país al mismo nivel que Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, esto si consideramos el indicador el gasto público social per cápita que diseñó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir del gasto público en salud, educación, seguridad y asistencia social.

La deserción escolar como problema público no es desconocida por las autoridades federales o locales. El Instituto Mexicano de la Juventud, en su informe “Perspectiva de la Juventud en México”, documentó que la edad promedio a la que los jóvenes dejan la escuela es apenas de 16 años. Como causas de la deserción, 42 de cada 100 deja la escuela porque deben trabajar, 29 de cada 100 porque ya nos satisfacía seguir estudiando, mientras 12 de cada 100 porque sus papás ya no quisieron que se mantuviesen en el sistema educativo.

Como si el país estuviera para desperdiciar su bono demográfico, todos aquellos que no completen su primer año de secundaria tendrán un ingreso menor de 33% si son hombres y 42% si se trata de mujeres, esto según el informe “Panorama social de América Latina 2001-2002” publicado por la CEPAL. En tal sentido es ineludible la alta correlación entre educación e ingresos.

En un contexto de falta de oportunidades son previsibles los conflictos de toda índole, incluyendo que algunos jóvenes y niños se vean involucrados en actos delictivos que trastocan el orden social, cada vez como un ensañamiento mayor. La gravedad del daño hacia las víctimas ha hecho pensar a diversas autoridades que es necesario aumentar las penas o reducir la edad penal.

En un proceso donde el enfrentamiento con el Estado acelera sus fuentes de reclutamiento, la delincuencia organizada – narcotráfico, secuestro, homicidio calificado, etc. – cada vez más utiliza a jóvenes o niños para sus fines criminales. El problema más grave no deviene de esta circunstancia sino que el Estado y la sociedad poco hacen por ofrecer oportunidades a este sector vulnerable por la violencia económica, principalmente.

Es por ello que personalmente no creo que una respuesta del Estado deba ser el incremento de las penas o la disminución en la edad penal. En primer lugar, porque si el Estado se enfoca en estas medidas es innegable que pierde de vista la asistencia a las víctimas y la restauración del orden social. En segundo lugar, porque no creo que exista una estricta correlación entre duración en centros de reclusión y rehabilitación del menor. Al contrario, todo se queda en castigo sin redención de la víctima o incluso del infractor. Por los derechos humanos del menor, la opción del castigo no debe vindicarse.

En todo caso soy un convencido que la apuesta debe comenzar por la educación, como una alternativa de política pública sustentada en la calidad y la cobertura.

Sin las virtudes de una búsqueda por las oportunidades de los jóvenes, este país los pondrá en charola de plata para una delincuencia atroz y galopante.

El mal tiempo y las bolsas de plástico.-

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga.

Una ola gélida azota el hemisferio norte, con graves afectaciones a México, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Alemania, Rusia y China. Impone records, retrasa vuelos, vulnera la salud de adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, todo, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), debido a un fenómeno de bloqueo de la circulación de aire.

Sin embargo, tal vez el responsable es el cambio climático. En opinión del geoquímico Kuang Yaoqiu, miembro de la Academia China de Ciencias, la emisión de dióxido de carbono calienta la atmósfera en el hemisferio norte, llevando olas de frío al sur y viceversa. Con un efecto sobre la degradación de los ecosistemas, el cambio climático genera sequías, inundaciones y trastornos bruscos a la temperatura.

Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU y actual Presidente de Global Humanitarian Forum, estima que el 90% de las víctimas generadas por el cambio climático habita en países emergentes. Por la incidencia de este fenómeno cada año mueren 300,000 personas, pero esta situación podría degenerar en 500,000 en 2050 si no se toman medidas.

¿Qué tiene que ver el mal tiempo con las bolsas de plástico? En lo sustancial, porque cuando éstas no son biodegradables pueden tardarse entre 100 y 400 años para asimilarse al suelo, lo cual además de contaminarlo afecta ríos, océanos, mamíferos, peces, ecosistemas. Tan sólo respecto a mares contaminados, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que el plástico es el residuo más generalizado, sumando hasta un 80% de toda la basura registrada.

Con una producción mundial estimada de 225 millones de toneladas anuales, su índice de reciclaje de 0.2% es francamente ridículo, esto porque se ha comprobado que es más barato producir bolsas de plástico que reciclarlas.

En un esquema de incentivos y castigos, ¿quién se hace cargo del daño ambiental generado por las bolsas de plástico? Este es un típico caso donde es necesaria la intervención del Estado para corregir las externalidades de una industria y unos consumidores que parecen no tener conciencia sobre el problema.

Por tales razones la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas a la Ley de Residuos Sólidos para prohibir el uso de bolsas de plásticos en establecimientos mercantiles, en una lógica que privilegia la información entre ciudadanos y el apoyo gubernamental para aquellas empresas que deseen adecuar sus tecnologías.

El derecho a un medio ambiente sano pertenece a las tareas elementales de un Estado democrático. Por ello no deben atenderse los reclamos de una industria que parece no dispuesta a los cambios que la Ciudad necesita. Si me preguntan, prefiero llevar una bolsa reutilizable al mandado – biodegradable por supuesto – que causar la muerte a grupos vulnerados por el frío.

Matrimonio en libertad.-

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

“Si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron;

ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre”

Levítico, 20:13

Que la Iglesia Católica condene por igual a homosexuales, lesbianas y bisexuales porque así lo dice la Biblia, no debiera alarmarnos. Seguido al pié de la letra, el versículo del Levítico al que se hace referencia incluso conllevaría al homicidio, lo cual está lejos de considerarse ejemplar para un país democrático que defiende las libertades y la pluralidad de ideas y credos.

Lo que sí puede resultar controvertible es que esta defensa la haga un partido político, en particular algunos dirigentes, cuyo afán por defender sus principios morales y religiosos los muestra intolerantes, en perjuicio de la progresión de derechos humanos que sirve de sustento al Estado democrático de Derecho.

Esto viene a colación por las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa del DF en la cual se reconoce al matrimonio como la “unión libre de para realizar la comunidad de vida, en donde ambos procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”. Bajo esta consideración primaria, ya no es vigente la definición de matrimonio como “la unión libre de un hombre y una mujer”.

Nuevamente, como fue el caso de otras reformas aprobadas durante la IV Legislatura, incluyendo la Ley de Sociedad de Convivencia que le sirvió de antecedente, se trata de un reconocimiento de derechos que a nadie obliga pero sí vale para evitar actos discriminatorios, en este caso hacia homosexuales, lesbianas y bisexuales, por lo menos.

Sin embargo la mayor controversia generada entre los opositores a las reformas fue la posibilidad que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Al respecto es inevitable calificar la discusión como un falso debate o una cortina de humo, pues ninguna disposición modifica a lo que ya existía en la legislación. Permítanme explicarme.

De conformidad con el artículo 390 del Código Civil, el cual no se modificó con las últimas reformas, toda persona “mayor de 25 años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado”, además de acreditar algunos requisitos (medios bastantes para proveer la subsistencia, educación y cuidado de la persona adoptada; que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse y que el adoptante es persona apta y adecuada).

En virtud de tales consideraciones resulta que antes o después de las reformas, cualquier persona, independientemente de su condición civil o preferencia sexual, puede adoptar si reúne los requisitos. Esta situación no altera los trámites que pueden llevar años, reflejo de una burocracia la más de las veces engorrosa.

Luego entonces, ¿por qué tanto desparpajo en la argumentación de algunos diputados o dirigentes del PAN, del PRI y del PVEM? En lo fundamental, porque no faltan quienes tiendan a confundir entre confesión religiosa privada y responsabilidad pública. En este contexto no abona al debate que en el PRD también se alcen voces cuyo uso de la mentira y la descalificación inmediata refleje una ignorancia agravada por mostrarse sin disimulo.

En el contexto de las reformas celebro que existan mayores ámbitos para disfrutar la libertad. Si esto significa la unión de dos personas que desean casarse, no queda más que respetar y defender esa voluntad. A nadie se le debe objetar el derecho a ser feliz.

Bonus Track

No halaga a nadie comenzar el año con nuevos impuestos sin saber qué destino les darán. Sin embargo, sirva la presente columna para desearles a todos los lectores de www.ejecentral.com.mx que este 2010 sea fructífero y lleno de amor, salud y alegría, aunque en esto último nos falten los motivos.