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Xiuh Guillermo Tenorio Antiga
La Cámara de Diputados aprobó con unanimidad de los presentes (295) una reforma que remitió al Senado, y que permite que las acciones colectivas o defensas de los derechos difusos sólo puedan iniciarlas la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Al final, será el gobierno quien pueda litigar a nombre de todos o de una colectividad; y no los integrantes de la comunidad o sus representantes. Suena absurdo porque no tendrían por qué someterse a los tribunales para realizar acciones de autoridad y utilizar facultades que ya tenían.
Parece que de esta manera se logra un objetivo doble: contar a México entre las naciones que tienen un derecho de avanzada, las Class Action, al tiempo que en la realidad no ocurren, por lo que no se vuelven un auténtico catalizador del cambio de actitudes de gobierno y gobernados. Una simulación, pues. Otra más. Las tres instituciones señaladas han mostrado su incapacidad real de defender al público en general, a pesar de que existan algunos ejemplos aislados de su buen desempeño. Y los diputados federales han mostrado que les preocupan más los intereses particulares que el bienestar colectivo. Y pareciera que fueron temas importantes que se escondieron entre el revuelo por la epidemia.
Pero no todos ignoraron lo importante ante lo urgente. Tanto Denisse Maeker en “México Enfermo”, publicado el 4 de mayo como Sergio Aguayo en su artículo “Desvergonzados”, publicado el 29 de abril, ambos en el periódico Reforma, retoman el tema de acciones colectivas y derechos difusos, y particularmente en el caso de Aguayo, reconocen que la iniciativa que impulsamos en la ALDF es el camino correcto. Agradezco los comentarios, y reitero que seguiremos trabajando la propuesta hasta permitir que, como en otros temas, el Distrito Federal sea pionero en el país y siente un precedente que pueda utilizarse como referente nacional.
Imaginemos el escenario de que en realidad se identifique que Granjas Carroll, en Veracruz, fue el primer punto entre la Influenza Nueva y los humanos. Independientemente de que la enfermedad haya surgido de ahí, se ha documentado que sus prácticas comerciales y ambientales son lesivas para las poblaciones aledañas. De contar con la reforma a favor de las acciones colectivas, serán los propios vecinos los que podrían iniciar acciones para defenderse sin esperar a Profepa.
O supongamos que los antivirales que se utilizan o las vacunas que puedan desarrollarse, no cumplan lo prometido y no contribuyen a paliar la enfermedad. Los usuarios estafados hubieran podido defenderse por esta vía; pero por ahora serán escenarios de ficción, porque la reforma aprobada queda limitada y acota la posibilidad real de ayudar en el tema.
La “primeridad” o enfoque de los medios no es el problema, porque tiene una causa en la escasez de espacio sea temporal o físico; pero la falta de interés de buscar el beneficio colectivo por encima del interés individual dentro del marco de la ley, eso es un problema no sólo de teoría política sino de la vida práctica en comunidad.
Confío en que la población sabrá distinguir a aquellos políticos y partidos que no la apoyan y prefieren servir a ciertos intereses muy claros y poderosos y a quienes procuramos el interés colectivo, como lo hicimos a lo largo de tres años en la Asamblea Legislativa, en temas como espacios 100% libres de humo, prohibición bolsas de plástico y en otros temas importantes, como son las acciones colectivas. Pero eso le toca valorarlo a Usted y a los demás.
Bonus Track
Sí, la ley debe prevalecer sobre todos. Sí, primero debiera normar la conducta de la autoridad. Pero me sigue sorprendiendo que existan personas que se opongan a las medidas sanitarias, como se tratan de saltar tantas y tantas medidas que aprueban.
