ConCiencia Política

REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES (Descarga en pdf.)

LA PGR Y SU CONCEPCIÓN DE FAMILIA.-

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga.

El 31 de diciembre de 1974 fue publicada la primera reforma al artículo 4º de nuestra Carta Magna. Bajo el contexto de un crecimiento demográfico nunca visto en el país, los contenidos liberales de la reforma merecen citarse:

“ARTÍCULO 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.”

Imagínense la reacción de ciertas iglesias ante la negativa implícita a la idea de “tener los hijos que Dios quiera”. La argumentación del decreto en pro de la equidad y la libertad de decidir sí debió molestar al clero y las “buenas conciencias”. Como consecuencia, valórese si fue gravosa o no la reforma para que en México seamos 107 y no 160, cifras en millones de personas.

Pues resulta que la Procuraduría General de la República descubrió una nueva forma de leer el artículo de referencia, todo para impugnar la constitucionalidad de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF que permiten la unión civil de dos personas sin destacar que corresponde a un varón y una mujer.

Me he enterado, porque en su comunicado cita explícitamente el decreto de 1974, que para la PGR las reformas al Código Civil en el DF se apartan del “fin constitucional de protección de la familia”. Y aunque fueron incluidos otros argumentos en la acción de inconstitucionalidad, deseo concentrarme en éste.

Mi hipótesis es que la interpretación de la PGR sobre la familia es más doctrinal religiosa que jurídica. Expongo mis razones y argumentos:

1.- La Constitución refiere el término “familia” sin fijar limitaciones a su composición, es decir, en ningún lugar establece que deba ser integrada por un papá, una mamá y los hijos, tal como sí lo prejuzgan diversas religiones e iglesias incluso para obligar la maternidad.

2.- La reforma al Código Civil prevé una forma genérica de establecer un lazo civil, esto es, reconocido por el Estado. En tal sentido deriva en distintos tipos de familia, una extensión de derechos que no afectan a los demás.

3.- Cuando la PGR defiende un modelo de familia discrimina al resto, esto porque la impugnación presentada trata de anular derechos y libertades. En todo caso se encumbra como una PGR “censora”, que califica cuáles tienen derecho a unir sus vidas y ser reconocidos por el Estado.

4.-Si la PGR controvierte, por lo demás en pleno ejercicio de sus competencias, decisiones de un órgano de representación política como la Asamblea Legislativa debe precisar cuál es la ética de responsabilidad, pública o privada, que lo anima.

Tal vez sin quererlo, como fue cuando la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que permitieron la interrupción legal del embarazo, el debate público generado por la decisión de la PGR mejorará nuestra comprensión sobre el alcance del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sobre la adopción, cuando la PGR reconoce que dos personas podían tramitarlo con la sociedad de convivencia, me caben menos dudas que se trata de un falso debate.

¿Oportunidades o castigos para los jóvenes?

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga.

En días pasados, El Universal publicó en primera plana que en nuestro país 700 mil niños y jóvenes abandonaron la primaria y la secundaria en 2009. Esta cifra, que representa que 1 de cada 35 jóvenes dejó la escuela en un solo año, coloca a nuestro país al mismo nivel que Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, esto si consideramos el indicador el gasto público social per cápita que diseñó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir del gasto público en salud, educación, seguridad y asistencia social.

La deserción escolar como problema público no es desconocida por las autoridades federales o locales. El Instituto Mexicano de la Juventud, en su informe “Perspectiva de la Juventud en México”, documentó que la edad promedio a la que los jóvenes dejan la escuela es apenas de 16 años. Como causas de la deserción, 42 de cada 100 deja la escuela porque deben trabajar, 29 de cada 100 porque ya nos satisfacía seguir estudiando, mientras 12 de cada 100 porque sus papás ya no quisieron que se mantuviesen en el sistema educativo.

Como si el país estuviera para desperdiciar su bono demográfico, todos aquellos que no completen su primer año de secundaria tendrán un ingreso menor de 33% si son hombres y 42% si se trata de mujeres, esto según el informe “Panorama social de América Latina 2001-2002” publicado por la CEPAL. En tal sentido es ineludible la alta correlación entre educación e ingresos.

En un contexto de falta de oportunidades son previsibles los conflictos de toda índole, incluyendo que algunos jóvenes y niños se vean involucrados en actos delictivos que trastocan el orden social, cada vez como un ensañamiento mayor. La gravedad del daño hacia las víctimas ha hecho pensar a diversas autoridades que es necesario aumentar las penas o reducir la edad penal.

En un proceso donde el enfrentamiento con el Estado acelera sus fuentes de reclutamiento, la delincuencia organizada – narcotráfico, secuestro, homicidio calificado, etc. – cada vez más utiliza a jóvenes o niños para sus fines criminales. El problema más grave no deviene de esta circunstancia sino que el Estado y la sociedad poco hacen por ofrecer oportunidades a este sector vulnerable por la violencia económica, principalmente.

Es por ello que personalmente no creo que una respuesta del Estado deba ser el incremento de las penas o la disminución en la edad penal. En primer lugar, porque si el Estado se enfoca en estas medidas es innegable que pierde de vista la asistencia a las víctimas y la restauración del orden social. En segundo lugar, porque no creo que exista una estricta correlación entre duración en centros de reclusión y rehabilitación del menor. Al contrario, todo se queda en castigo sin redención de la víctima o incluso del infractor. Por los derechos humanos del menor, la opción del castigo no debe vindicarse.

En todo caso soy un convencido que la apuesta debe comenzar por la educación, como una alternativa de política pública sustentada en la calidad y la cobertura.

Sin las virtudes de una búsqueda por las oportunidades de los jóvenes, este país los pondrá en charola de plata para una delincuencia atroz y galopante.

El mal tiempo y las bolsas de plástico.-

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga.

Una ola gélida azota el hemisferio norte, con graves afectaciones a México, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Alemania, Rusia y China. Impone records, retrasa vuelos, vulnera la salud de adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, todo, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), debido a un fenómeno de bloqueo de la circulación de aire.

Sin embargo, tal vez el responsable es el cambio climático. En opinión del geoquímico Kuang Yaoqiu, miembro de la Academia China de Ciencias, la emisión de dióxido de carbono calienta la atmósfera en el hemisferio norte, llevando olas de frío al sur y viceversa. Con un efecto sobre la degradación de los ecosistemas, el cambio climático genera sequías, inundaciones y trastornos bruscos a la temperatura.

Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU y actual Presidente de Global Humanitarian Forum, estima que el 90% de las víctimas generadas por el cambio climático habita en países emergentes. Por la incidencia de este fenómeno cada año mueren 300,000 personas, pero esta situación podría degenerar en 500,000 en 2050 si no se toman medidas.

¿Qué tiene que ver el mal tiempo con las bolsas de plástico? En lo sustancial, porque cuando éstas no son biodegradables pueden tardarse entre 100 y 400 años para asimilarse al suelo, lo cual además de contaminarlo afecta ríos, océanos, mamíferos, peces, ecosistemas. Tan sólo respecto a mares contaminados, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que el plástico es el residuo más generalizado, sumando hasta un 80% de toda la basura registrada.

Con una producción mundial estimada de 225 millones de toneladas anuales, su índice de reciclaje de 0.2% es francamente ridículo, esto porque se ha comprobado que es más barato producir bolsas de plástico que reciclarlas.

En un esquema de incentivos y castigos, ¿quién se hace cargo del daño ambiental generado por las bolsas de plástico? Este es un típico caso donde es necesaria la intervención del Estado para corregir las externalidades de una industria y unos consumidores que parecen no tener conciencia sobre el problema.

Por tales razones la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas a la Ley de Residuos Sólidos para prohibir el uso de bolsas de plásticos en establecimientos mercantiles, en una lógica que privilegia la información entre ciudadanos y el apoyo gubernamental para aquellas empresas que deseen adecuar sus tecnologías.

El derecho a un medio ambiente sano pertenece a las tareas elementales de un Estado democrático. Por ello no deben atenderse los reclamos de una industria que parece no dispuesta a los cambios que la Ciudad necesita. Si me preguntan, prefiero llevar una bolsa reutilizable al mandado – biodegradable por supuesto – que causar la muerte a grupos vulnerados por el frío.

Matrimonio en libertad.-

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

“Si alguno se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron;

ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre”

Levítico, 20:13

Que la Iglesia Católica condene por igual a homosexuales, lesbianas y bisexuales porque así lo dice la Biblia, no debiera alarmarnos. Seguido al pié de la letra, el versículo del Levítico al que se hace referencia incluso conllevaría al homicidio, lo cual está lejos de considerarse ejemplar para un país democrático que defiende las libertades y la pluralidad de ideas y credos.

Lo que sí puede resultar controvertible es que esta defensa la haga un partido político, en particular algunos dirigentes, cuyo afán por defender sus principios morales y religiosos los muestra intolerantes, en perjuicio de la progresión de derechos humanos que sirve de sustento al Estado democrático de Derecho.

Esto viene a colación por las reformas al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, que recientemente aprobó la Asamblea Legislativa del DF en la cual se reconoce al matrimonio como la “unión libre de para realizar la comunidad de vida, en donde ambos procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”. Bajo esta consideración primaria, ya no es vigente la definición de matrimonio como “la unión libre de un hombre y una mujer”.

Nuevamente, como fue el caso de otras reformas aprobadas durante la IV Legislatura, incluyendo la Ley de Sociedad de Convivencia que le sirvió de antecedente, se trata de un reconocimiento de derechos que a nadie obliga pero sí vale para evitar actos discriminatorios, en este caso hacia homosexuales, lesbianas y bisexuales, por lo menos.

Sin embargo la mayor controversia generada entre los opositores a las reformas fue la posibilidad que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Al respecto es inevitable calificar la discusión como un falso debate o una cortina de humo, pues ninguna disposición modifica a lo que ya existía en la legislación. Permítanme explicarme.

De conformidad con el artículo 390 del Código Civil, el cual no se modificó con las últimas reformas, toda persona “mayor de 25 años, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, siempre que el adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado”, además de acreditar algunos requisitos (medios bastantes para proveer la subsistencia, educación y cuidado de la persona adoptada; que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse y que el adoptante es persona apta y adecuada).

En virtud de tales consideraciones resulta que antes o después de las reformas, cualquier persona, independientemente de su condición civil o preferencia sexual, puede adoptar si reúne los requisitos. Esta situación no altera los trámites que pueden llevar años, reflejo de una burocracia la más de las veces engorrosa.

Luego entonces, ¿por qué tanto desparpajo en la argumentación de algunos diputados o dirigentes del PAN, del PRI y del PVEM? En lo fundamental, porque no faltan quienes tiendan a confundir entre confesión religiosa privada y responsabilidad pública. En este contexto no abona al debate que en el PRD también se alcen voces cuyo uso de la mentira y la descalificación inmediata refleje una ignorancia agravada por mostrarse sin disimulo.

En el contexto de las reformas celebro que existan mayores ámbitos para disfrutar la libertad. Si esto significa la unión de dos personas que desean casarse, no queda más que respetar y defender esa voluntad. A nadie se le debe objetar el derecho a ser feliz.

Bonus Track

No halaga a nadie comenzar el año con nuevos impuestos sin saber qué destino les darán. Sin embargo, sirva la presente columna para desearles a todos los lectores de www.ejecentral.com.mx que este 2010 sea fructífero y lleno de amor, salud y alegría, aunque en esto último nos falten los motivos.

De lógicas irresponsables.-

Xiuh G. Tenorio Antiga

Según el Análisis Económico del Derecho, aquéllos cuyos actos agravian a otros, provocándoles una situación que pudiera considerarse de menor bienestar, deben reparar el daño, esto independientemente si las acciones fueron con dolo o si al final el responsable de esta injusticia debió pasar un tiempo en prisión.

Se dice, en términos económicos, que existe externalidad en el consumo si la producción o el consumo de otros inciden directamente en el bienestar de un consumidor. Por ejemplo, aquellos que generan contaminantes y los desechan a un río, están provocando una externalidad negativa porque esta acción afectará el consumo de todas las personas que se benefician o que pudieran consumir el agua de ese río. En tales condiciones, un mercado no logra necesariamente una asignación eficiente y la intervención del Estado es recomendable para que los individuos puedan incluso intercambiar sus derechos a generar externalidades.

El problema se torna más complejo cuando estas lógicas de generar externalidades negativas toman como sujetos de responsabilidad a los Estados. En tal caso, ¿cómo compensar el daño ambiental por las 2,820 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) que producen lo Estados Unidos de América? ¿Cómo hacerlo con los 3,120 millones de toneladas que produce China, el país que más contamina el mundo según la ONU? Esta situación se vuelve gravosa por los efectos del CO₂ para el cambio climático, principalmente porque cada año éste genera inundaciones, deforestación, sequías y un alarmante aumento en el nivel del mar.

Desde hace años, la Organización de las Naciones Unidas ha promovido un compromiso global para abatir el cambio climático. Tan es así que en 1997, la ciudad de Kioto fue sede de un acuerdo firmado por 37 países industrializados y la Unión Europea para recortar sus emisiones de dióxido de carbono en una media de 5% hacia el 2012, esto tomando como año base 1990.

Sin embargo el mayor problema ha sido la reticencia de los países que más contaminan a comprometerse con la reducción de daños ambientales. China, Estados Unidos e India, países de lógicas irresponsables, no han querido hacerse cargo, siquiera de una parte, de los 100 mil millones de dólares que el Banco Mundial estima pueda necesitarse para mitigar los daños y ayudar a los países en desarrollo a adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

Hace unos días Copenhague fue la sede de discusión entre líderes de todo el mundo para trazar una ruta crítica que suceda al Protocolo de Kyoto, cuya vigencia está concebida hasta el 2012. El escenario no pudo ser más sombrío, pues aunque Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos, tiene una mejor disposición a contribuir en la solución del problema, esta reunión ha servido para nutrirse de acusaciones mutuas y posicionamientos que deja entrever las lógicas irresponsables de ciertos gobiernos, principalmente China, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Bolivia y Cuba.

Los acuerdos alcanzados en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, tras 12 días de discusión, no alcanzan para mantener cierto optimismo, sobre todo por la falta de claridad:

- Se conservan los 2 grados centígrados de aumento máximo de la temperatura media de aquí al 2050. ¿Con qué medidas? No se especificó.

- A la brevedad, antes de febrero de 2010, los países industrializados convocados deben especificar sus objetivos de reducción de contaminantes para 2020. ¿Cuál es el piso mínimo? No se dijo.

- Los países ricos destinarán 30 mil millones de dólares entre 2010 y 2012 a la mitigación y adaptación del cambio climático en naciones en vías de desarrollo. A partir de 2020, la aportación subirá a 100 mil millones. ¿Cómo se lograrán estas contribuciones? No se sabe.

El próximo año la Ciudad de México será sede de la 16ª Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. El gran reto será superar los desacuerdos entre los principales emisores de contaminantes y concitar rutas críticas más detalladas sobre cómo conseguir los resultados esperados.

Como sede, hasta cierto punto será inevitable mostrar los fracasos de las políticas ambientales aplicadas en el país, por una deforestación que no termina y una vulnerabilidad de las especies nativas que no ha sido superada.

Al tiempo, faltará ver si no esconden la basura debajo de la alfombra, en una muestra cínica de lógicas irresponsables.

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga

Si nos pidieran que fuésemos al extranjero para dar una plática sobre el caso de Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como “Juanito”, difícilmente sabríamos por dónde empezar. Al hacerlo, resultaría ineludible mostrar la más diáfana de nuestras miserias por la institucionalidad y cultura democráticas que tenemos.

¿Cómo explicar que en la Delegación Iztapalapa sus electores votaron mayoritariamente por “Juanito” pero en realidad querían hacerlo por otra persona? ¿Qué ejercicio hermenéutico utilizar para no depravar toda la tradición filosófica sobre la soberanía popular y el mandato? ¿Quién será el responsable políticamente de la gestión que haga quien quede al frente de la Delegación, luego de la renuncia de Rafael Acosta?

Un modelo de explicación podría seguir las siguientes líneas argumentativas:

1.- Antes del proceso electoral entre candidatos, los partidos políticos en nuestro país y en el Distrito Federal pueden diseñar e instrumentar sus procesos de selección interna.

2.- En el Distrito Federal, la Delegación Iztapalapa es la más poblada. Tan es así que sus electores sobrepasan los 1.6 millones.

3.- Desde que pueden elegirse libre y directamente los Jefes Delegacionales (2000), dicha demarcación la gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

4.- En general, los procesos de selección interna del PRD suelen estar plagados de irregularidades.

5.- En Iztapalapa las dos precandidatas más fuertes eran Clara Brugada y Silvia Oliva.

6.- Después de la elección interna, el PRD declaró triunfadora a Clara Brugada.

7.- Unos días antes de la elección del 5 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que Silvia Oliva debía ser la candidata, según la institución por las irregularidades y el resultado de un nuevo conteo.

8.- Un líder fuerte del PRD (Andrés Manuel López Obrador), que también tiene vínculos con el Partido del Trabajo (PT), decide que es viable una estrategia para que los votos del candidato del PT, Rafael Acosta, se tomen para Clara Brugada. Al final, “Juanito” se compromete a presentar licencia.

9.- En una democracia, el pueblo elige al representante que mandata como su voz para defender sus intereses. En estricto sentido, este representante es “Juanito”, pues en todo caso, Clara Brugada se trata de una ficción política.

10.- Esta ficción política inicialmente no se la creyó “Juanito”, pues aunque pide licencia temporal ante la Asamblea Legislativa, regresa a ocupar el cargo. Días después solicita licencia definitiva.

11.- Ante la ausencia de “Juanito”, la Asamblea Legislativa nombra a Clara Brugada como Jefa Delegacional interina. En tal virtud se convierte en la gran electora porque decide a partir de la propuesta del Jefe de Gobierno.

12-. Si Clara Brugada hace una mala gestión, los electores ya no son responsables pues no hubo una nueva elección popular. Puede generar controversia, pero el mandato ha sido resuelto por una instancia legislativa colegiada que tuvo que decidir para no generar un vacío de poder.

13.- Toda esta experiencia nos demuestra los costos de pervertir la democracia. Quien construyó esta ficción política, al final ni siquiera quiso hacerse cargo de su impericia.

La Secretaría de Educación del DF

Xiuh Guillermo Tenorio

Dentro de los cambios que realizó Marcelo Ebrard en su gabinete en días pasados pasó desapercibido el de la Secretaría de Educación, pero no por ello, hay que ignorarlo. Axel Didriksson Takayanagui dejó de ser el titular de dicha área y en su lugar fue designado Mario Carrillo Huerta.

El tema educativo en el Distrito Federal por muchas razones es cosa seria. Actualmente, de acuerdo con la SEP federal tenemos una matrícula de 322,558 niños en preescolar, 947,979 en primaria, 482,646 en secundaria, 423,931 en media y 416,149 en superior. Más de dos millones y medio de niños y jóvenes en edad escolar es suficiente razón entender la relevancia del tema para la ciudad.

Sin embargo, el marco jurídico de la materia es complejo. Existen facultades concurrentes entre las autoridades federales y las capitalinas. Hay que recordar que hace casi 20 años se acordó descentralizar a las entidades federativas los servicios educativos, salvo en el Distrito Federal. De manera que la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), continuaron siendo una responsabilidad de la Federación.

A pesar de no contar con facultades para intervenir en la educación básica, las autoridades capitalinas fueron desarrollando una serie de programas “sociales” (becas, útiles y uniformes, por citar algunos ejemplos) para tratar de influir en el nivel básico, además de asumir plenamente sus facultades en materia de educación media superior y superior, prueba de ello son las preparatorias que impulsó López Obrador o la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Consecuente de esta realidad, Marcelo Ebrard envió a la ALDF el 14 de diciembre de 2006 una iniciativa para crear cuatro nuevas secretarías, entre ellas la de Educación. Como Vicepresidente de la Comisión de Educación e integrante de la comisión dictaminadora de dicha iniciativa, apoyé decididamente la propuesta, que no contaba con el consenso por las complejidades ya abordadas. Sabía que, a pesar de que podría presentarse algún conflicto con las autoridades federales, era necesario tutelar los programas educativos del GDF con una visión formativa y no de “desarrollo social” o clientelista, más aún cuándo se había designado en esos días como titular de la SEDESO a Martí Batres, de quien guardaré un prudente silencio.

Confiaba en ese momento, en que de llegar un experto en temas educativos, podríamos mejorar lo que ya se tenía y por qué no, abrir un debate que, personalmente considero necesario, sobre la descentralización de los servicios educativos al Distrito Federal. Sin conocer más que su trayectoria confié en que Didriksson podría convertirse en esa pieza fundamental para construir acuerdos. Nada más lejos de ello.

Debo decir que con el mismo empeño que apoyé la creación de la Secretaría de Educación en el DF, luché porque se le diera mayor presupuesto en los tres paquetes económicos que aprobó la IV Legislatura y no sólo eso, el 15 de agosto del 2007, presenté una iniciativa para quitarle todas las facultades a la SEDESO en materia educativa y fortalecer aún más a la de Educación. Iniciativa aprobada por el pleno el 13 de diciembre del mismo año.

Sin embargo, Didriksson nunca entendió el papel de un Secretario de Educación. Lejos de buscar el diálogo, el acuerdo, se casó con conflicto. Buscó la ventana fácil de los medios de comunicación, de las descalificaciones. El legado de su gestión es un libro de educación sexual y tres años que nos robó.

La novedad es que Marcelo Ebrard ha dado un golpe de timón. Ha puesto en la Secretaría a un hombre probado. Sus resultados hablan por él. El programa Prepa Sí, al que cuestioné duramente al momento de su presentación ha impactado favorablemente en el sistema educativo y éste es un logro que sólo puede atribuírsele a Carillo. Ebrard nos dejó sin argumentos a quienes no veíamos con buenos ojos este programa, cuando en su último informe de Gobierno señaló que “la tasa promedio de deserción [En el Medio Superior] disminuyó dramáticamente de 18.5 a 6.5 por ciento, y en el caso del bachillerato de la UNAM, la deserción se redujo casi a cero”. Seguiré cuestionando los apoyos universales, fiel a mi formación itamita, pero he de reconocer que el impacto de este Programa es incuestionable.

Carillo tiene tres cosas a su favor: 1) conoce la materia y tiene claro el tamaño del reto, 2) tiene tres años para corregir el camino y 3) es pública su vocación de acuerdo. Su llegada a la titularidad de la Secretaría es, sin duda alguna, una buena noticia.

Bonus Track

Hablando de temas educativos en el Distrito Federal no puedo evitar mencionar a Salvador Martínez della Roca, el famoso “Pino”, Presidente de la Comisión de Educación en la ALDF. Sirvan estas líneas para reconocer su trabajo en estos tres años, donde predicó con el ejemplo, dejando su militancia partidista fuera del Recinto, para luego invitarnos a hacer lo propio, antes de sentarnos en la mesa. A lo largo de esta IV Legislatura abordé muchos temas complejos con él, incluso debatimos fuerte (particularmente, por el tema de los espacios 100% libres de humo), pero hoy sólo quiero reconocer su apertura a escucharme a mí y a los demás integrantes de la Comisión, así como resaltar sus logros, porque lo mucho que avanzamos en materia educativa en estos tres años sólo puede adjudicársele a él.